El compromiso de una reforma en la Constitución, anunciado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al término del tradicional despacho estival en Marivent con el Rey da la sensación de que es un movimiento más destinado a desactivar algunos apoyos al proceso soberanista catalán que a un planteamiento serio, riguroso y profundo sobre los cambios que precisa la Carta Magna, vigente desde 1978. El reproche más generalizado a la iniciativa, compartido por la presidenta balear, Francina Armengol, es que llega tarde y al que se le puede añadir que con demasiada imprecisión.
Marco competencial. Rajoy pospone a la próxima legislatura la búsqueda del consenso político necesario para introducir los campos que precisa la Constitución, una demora que justifica en el hecho de que estos cuatro años han tenido la crisis como principal objetivo del Gobierno. Sin embargo, lo más preocupante son las intenciones, la orientación que se le quiere dar al texto constitucional respecto a la delimitación competencial entre las autonomías y el Estado. El presidente debería saber que no es éste el problema, el conflicto radica en la voluntad reiterada del Gobierno de desactivar, en la medida de sus posibilidades, el Estado de las autonomías. Desde Madrid las comunidades son apéndices administrativos subordinados y no instrumentos de autogobierno territorial que deben ser coordinados. La promesa de Rajoy no vence el escepticismo que generan sus palabras.
Balears, a la cola. Aunque de manera tangencial, Rajoy se refirió a la cuestión de la financiación autonómica –el eje del encuentro que mantendrá el próximo 2 de septiembre con la presidenta Armengol– dándole, de nuevo, largas al asunto. Habrá que esperar, también, a pesar de las promesas reiteradas de los conservadores en estos años, a la próxima legislatura y con la incertidumbre sobre sus resultados. Para el Gobierno, Balears, sus ciudadanos, pueden esperar.