Casi cuatrocientos millones tiene pendientes por abonar el Govern a sus proveedores y a otras instituciones de las Islas, una cifra respetable pero muy inferior –justo es reconocerlo– a la que tuvo que hacer frente el equipo de José Ramón Bauzá en 2011, que entonces era de 1.561 millones de euros. Con independencia del montante, sin ser una cuestión menor, la gran cuestión reside en la existencia de una ‘herencia' económica institucional en Balears que resulta imposible anular y de la que los ciudadanos son los principales perjudicados. La demora en los pagos a las empresas por parte del Govern o a otras instituciones acaban repercutiendo en el conjunto de la sociedad, y siempre en sentido negativo.
Efecto económico. La morosidad principal del Govern es con los consells, 169 millones de euros, pero en la distribución figuran suministradores propios o de servicios tan esenciales como la sanidad, con nada menos que 144,3 millones de euros. Todos estos importes ralentizan la actividad económica de Balears, circunstancia que se acaba traduciendo en un lastre en los balances empresariales y en último término en la creación de menos puestos de trabajo. La Administración, en este caso la autonómica, no puede jugar con ventaja; y eso que, hay que insistir, la situación ha mejorado de manera ostensible en los últimos años.
Mejorar los resultados. El actual Govern tiene por delante la complicada tarea de mantener y mejorar los actuales ratios en los pagos a proveedores, todo un reto si se tiene en cuenta lo maltrechas que se encuentran las arcas autonómicas. Cumplir con los compromisos electorales sin una mejora sustancial de la financiación de Balears por parte del Estado se antoja una ecuación de solución imposible, aunque la bajada de los tipos de interés bancario sean, de manera coyuntural, favorables. Hallar una solución eficaz dará la medida de la habilidad de los nuevos gobernantes en el inicio de su mandato.