La falta de capacidad financiera es el principal argumento que expone el Govern para justificar el aplazamiento, hasta el ejercicio de 2017, en el abono del plus de la carrera profesional a los trabajadores públicos de la Comunitat Autònoma. Para calibrar la trascendencia de la decisión basta apuntar que sólo para el próximo año el pago del incentivo, acordado por el anterior Govern en las últimas semanas de la pasada legislatura, tendría un coste de 21 millones de euros; cifra a la que se tendrían que añadir otros complementos pendientes. La representación sindical de los colectivos afectados, en especial el sanitario, ya ha anunciado un calendario de movilizaciones.
Prioridades y privilegios. El pago del plus de la carrera profesional quedó suspendido en 2010 y el Govern del PP presidido por José Ramón Bauzá acordó con los sindicatos su reimplantación en plena precampaña electoral, quizá para desactivar paros en el último tramo de la legislatura y con la cita con las urnas ya en el horizonte. Lo cierto es que la cantidad que supone el abono del complemento de la carrera profesional lo hace inasumible para las arcas autonómicas, cuyos gestores están obligados a priorizar el destino de sus recursos. En este contexto es obligatorio reclamar a los trabajadores públicos, y a sus representantes sindicales, un ejercicio de responsabilidad sobre las necesidades más urgentes de la sociedad balear que debe atender el Govern; más cuando las condiciones laborales de su plantilla de trabajadores no admite comparación con la empresa privada.
El diálogo como salida. El propio Govern reconoce el plus de la carrera profesional como un derecho adquirido, aunque se niega a compensar el retraso en su aplicación. Desde este punto de partida es inevitable la apertura de un período de diálogo y negociación para reconducir un conflicto que, de no resolverse, acabará repercutiendo en la atención y servicios públicos; en definitiva en los ciudadanos. Con el enfrentamiento todos salimos perdiendo.