El presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, acudió ayer a la sede del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) para declarar en relación con la causa penal abierta –a instancia de la Fiscalía– por la celebración de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, celebrada con el apoyo de las instituciones autonómicas a pesar de su prohibición por parte del Tribunal Constitucional. La declaración judicial de Mas ha coincidido con la aprobación en el Senado, solo con los votos del PP, de la reforma del Tribunal Constitucional que permitirá perseguir a los cargos públicos que incumplan sus sentencias, que, en este caso, podría ser la inhabilitación. La puesta en escena de la llegada de Mas al TSJC aviva, todavía más, el fervor independentista en Catalunya. Otro error de cálculo del Gobierno.
Responsabilidad única. Artur Mas llegó a la sede del TSJC arropado por miles de ciudadanos y numerosos dirigentes políticos soberanistas –entre ellos todos los alcaldes–, una exhibición de fuerza tan inadecuada como simbólica, para responsabilizarse ante el juez del apoyo institucional de la Generalitat a la consulta del 9-N, una decisión que enmarcó siempre en el ámbito de las decisiones políticas. Y es que, efectivamente, es probable que Mas incumpliese la decisión del Constitucional, pero hizo realidad el deseo de miles, de millones, de catalanes que querían expresar en las urnas cuál debe ser la relación en el futuro con el resto de España.
Forzar soluciones. La estrategia del Gobierno para neutralizar el movimiento secesionista en Catalunya no deja de acumular fracasos, como quedó patente en las pasadas elecciones del 27 de septiembre. Los responsables institucionales, en Madrid y Barcelona, tienen que afanarse en la búsqueda de una solución política al problema real que existe en las relaciones entre Catalunya y España y que, es evidente, no lo resolverán nunca los tribunales. En todo caso, lo agravarán. Es urgente acabar con esta dinámica.