Los datos del Colegio Oficial de Arquitectos de Balears revelan que 1.479 construcciones en suelo rústico han sido legalizadas, una operación que ha sido posible gracias a la amnistía que posibilita la Ley de Ordenación y Uso del Suelo que se aprobó en la pasada legislatura. Ésta fue una de las iniciativas más emblemáticas del Govern que presidió José Ramón Bauzá, del Partido Popular, y con la que pretendía resolver el problema crónico que significan las construcciones ilegales en terreno rústico. A pesar de que la tramitación conlleva la aplicación de sanciones económicas a los infractores, lo cierto es que la legalización supone un agravio frente a aquellos propietarios que construyeron con arreglo a la legalidad y permite consolidar las operaciones especulativas.
Evitar el derribo. La legalización blinda a los infractores del derribo de las construcciones ilegales, cuyas sanciones en ningún caso superan la revalorización que obtienen en el mercado inmobiliario. Sin embargo, aquellos vecinos que no quisieron violentar la ordenación urbanística mantienen una propiedad sin posibilidades de albergar una construcción. En consecuencia, la amnistía urbanística de Bauzá acaba generando un evidente trato discriminatorio en favor de los infractores y en último extremo ha derivado en un mero instrumento recaudatorio de los ayuntamientos.
La dimensión del problema. A tenor de las cifras aportadas desde el Colegio de Arquitectos, es fácil intuir que la vía de regularización abierta por el Govern durante la pasada legislatura sigue siendo ignorada por la mayoría de propietarios de construcciones ilegales en suelo rústico. Ésta es la realidad añadida. La legislación vigente es incapaz de asumir la sanción que debería llevar aparejada la construcción al margen de la ley en suelo rústico: el derribo inmediato. Muchos propietarios son conscientes de ello y han preferido seguir con sus edificaciones clandestinas. Ésta es la conclusión final.