El ingreso en prisión sin fianza de seis agentes de la Policía Local de Palma, pertenecientes a la Patrulla Verde y otras unidades, revela la gravedad de las irregularidades detectadas. El comportamiento de estos funcionarios, dedicados a extorsionar a empresarios del ocio nocturno de varias zonas de la ciudad para evitar su control e inspecciones, no tiene precedentes en el cuerpo y requiere una investigación interna en profundidad. Ello es preciso si se quiere restablecer la confianza de los ciudadanos en este servicio público que, además, es básico para el correcto funcionamiento de Ciutat. La gravedad de los hechos excede del ámbito judicial. También tiene una derivación política que no puede soslayarse.
Han fallado los controles. Lo que ocurría en la noche palmesana no era fruto del comportamiento delictivo de algunos agentes a título individual, al contrario. Las ‘mordidas' policiales eran una práctica organizada, coordinada y de la que algunos mandos tenían perfecto conocimiento. Y no sólo en el Paseo Marítimo, también en la Platja de Palma. Y no sólo en Palma, también en Calvià, donde este verano se conocieron prácticas similares. La corrupción, por tanto, se ha extendido hasta algunos cuerpos de policía local gracias, en buena medida, a la falta de supervisión política. Esta es la conclusión. Los actuales responsables de la gestión en Cort deben ser los primeros interesados en extirpar este cáncer de la Policía Local, un escándalo sin precedentes que requiere medidas ejemplares en todos los frentes.
Recuperar el prestigio. Del mismo modo que sería injusta la generalización, lo cierto es que ahora la imagen de la Policía Local de Palma está seriamente dañada. El propio colectivo de agentes debe hacer ver a los ciudadanos que este comportamiento, con independencia de las sanciones penales, no encuentra a nivel interno el más mínimo atisbo de complicidad o compresión. No será sencillo pero es una obligación intentarlo.