La presidenta del Govern, Francina Armengol, firmó ayer en Madrid varios acuerdos con el titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que supondrán acceder a 322 millones de euros para inversiones en las Islas, de los que 240 millones corresponden al convenio de carreteras. El resultado del encuentro supone un importante alivio para las cuentas autonómicas, aunque mantiene el castigo financiero de proyectos tan emblemáticos como el de la reforma de la Platja de Palma, paralizado por la falta de las aportaciones estatales. La presidenta balear aseguró, al término de la reunión de la comisión mixta Estado-Balears, que todavía quedan pendientes reclamaciones por un importe global de 113 millones, cuya negociación se ha pospuesto hasta la próxima legislatura.
Optimismo moderado. Aunque la inyección de 322 millones en las arcas autonómicas son una excelente noticia, es preciso compartir el optimismo «moderado» expresado por la presidenta Armengol. Las aportaciones pactadas con el Gobierno responden a compromisos anteriores, convenios incumplidos, y tienen un destino finalista. Una nueva ley de régimen especial para Balears abre una nueva puerta a la necesaria compensación efectiva de los costes de la insularidad, aunque cualquier atisbo de entendimiento actual queda condicionado por los resultados de los comicios del 20-D.
Inicio de la campaña. Balears ha entrado en la ofensiva de liquidación de deudas estatales que está realizando el ministro Montoro por diversas comunidades, en nuestro caso apenas unas horas antes del inicio de la campaña electoral. Sorprende que el Gobierno central haya decidido resolver su morosidad con las Islas, pendiente incluso de la anterior legislatura, cuando el PP era el encargado de gestionar la Comunitat Autònoma. En pocas ocasiones se ha logrado regresar de Madrid con 322 millones bajo el brazo. Sin embargo, queda pendiente el problema de fondo: el modelo de financiación.