Los diferentes grupos políticos que integran el Pacte están tratando de consensuar la modificación sustancial de un importante paquete legislativo heredado de la pasada legislatura, textos emblemáticos del Govern del PP que presidió José Ramón Bauzá que afectaron a la normativa del sector turístico, agrario y de ordenación territorial. El espíritu liberal que desprendían las leyes que permitían ampliar las alturas de los establecimientos hoteleros, legalizar las construcciones en suelo rústico o ampliar la oferta de alojamiento turístico en las explotaciones agrarias fueron contestadas por los sectores más preocupados por la conservación del territorio y las fuerzas progresistas que ahora tienen en estudio su paralización o derogación.
Sensatez en los cambios. El afán de contentar a sectores ideológicamente próximos o afines al PP llevó al Govern de Bauzá a promover un urbanismo a la carta, como el aumento de edificabilidad de los hoteles que aumentaban de categoría, sin exigir ninguna otra compensación pública, o legalizar mediante una multa a miles de edificaciones en el campo. En el polo opuesto se encuentra la ley agraria que promovió el conseller Company, fruto de un pacto con las patronales del sector como vía de supervencia de las explotaciones. Es por ello que en las modificaciones que sin duda es preciso introducir debe imperar la sensatez y la mesura, erradicar los agravios e injusticias que se generaron debe ser un objetivo irrenunciable del Pacte; pero sin comprometer la renovación estratégica de buena parte de la planta hotelera o la viabilidad económica de la actividad agraria.
Mucho en juego. Tras la decisión del Pacte hay importantísimas inversiones que están pendientes del nuevo marco legislativo que genere el Parlament, la cuestión no estriba en paralizar –la medida más sencilla– sino en dar soluciones imaginativas a unas demandas reales del mercado, turístico y agrario, para frenar el desarrollismo sin castigar el progreso.