En un ambiente muy reivindicativo, el Parlament aprobó la toma en consideración de la futura Ley de Fosas. Ese instrumento legal permitirá localizar e identificar los restos de unos 2.000 represaliados de la Guerra Civil. Aunque esta norma va más allá. Prevé la remisión a la Fiscalía de los hallazgos por si considera pertinente investigarlos. Pero es casi imposible que vivan aún los que participaron en la represión porque han pasado casi ochenta años. Otro aspecto del proyecto, de gran relevancia, es la reparación moral de cara al recuerdo y homenaje de las víctimas. Aquí sí que la futura ley adquiere una connotación histórica.
Supuesta colisión de derechos. Tras el franquismo, la democracia se recobró en España en 1977 a partir de una amnistía que giraba página a los hechos acaecidos durante la Guerra Civil y la Dictadura. Entonces fue aceptada desde diferentes ámbitos políticos, de izquierda y de derecha. Pero más tarde, la legislación internacional estableció que los crímenes contra la humanidad no prescriben nunca. En principio es una colisión de derechos en lo referido a los desaparecidos en la contienda española. Tal conflicto legal tendría importancia hace unas décadas pero no ahora, cuando todos los actores de la represión ya han desaparecido o si quedase algún hipotético caso de persona viva, estaría, como mínimo, cerca de cumplir un siglo. En la práctica, esa colisión no existe por el imperativo del paso del tiempo.
Memoria viva. Sin embargo, desde la perspectiva del reconocimiento colectivo a los que lo dieron todo por la libertad, queda mucho por hacer. La lucha de las personas por la justicia es hacer prevalecer la memoria sobre el olvido. La iniciativa legislativa del Parlament debe ser valorada y reconocida o al menos respetada por todos los demócratas. Los descendientes de las víctimas tienen el derecho de recobrar sus restos y enterrarlos donde consideren. Lo fundamental es que lo sucedido hace ochenta años jamás vuelva a repetirse.