Los datos referidos a las denuncias relacionadas con los vertederos ilegales en Balears reflejan el grado de irresponsabilidad e impunidad ciudadana que afecta a este grave problema, tanto desde la perspectiva medioambiental como paisajístico. A pesar de los esfuerzos realizados en las últimas décadas para acabar con esta práctica habitual de dejar residuos de todo tipo y escombros en cualquier recodo del camino o parcela, todavía sigue habiendo desaprensivos que se obstinan en no acceder a los sistemas de tratamiento existentes. Falta vigilancia, pero también ejemplaridad en las sanciones; es necesario erradicar de raíz esta lamentable situación.
Mirar a otro lado. Acierta el director general d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus, Sebastià Sansó, cuando alude en sus declaraciones a la sensación de impunidad que tiene los infractores. Las multas impuestas en relación con el número de denuncias son, en los ejercicios anteriores, ridículas cuando es la única herramienta disponible para atajar este incívico comportamiento. No debe extrañar, por tanto, este clima de impunidad que respiran quienes evitan los canales existentes para el tratamiento de los residuos, tanto de obra como de electrodomésticos. Desde la desidia y comodidad hasta la evidente picaresca para evitar el abono de las correspondientes tasas se esconde tras los responsables de ensuciar el territorio, y además de manera peligrosa.
Incrementar el control. Reclamar más control es una exigencia obvia ante esta situación, pero no es sencillo. Junto con la incorporación de la vigilancia de estos puntos de vertido ilegal entre las prioridades de las policías locales y la Guardia Civil, también es preciso añadir campañas de concienciación ciudadana de modo que sean los propios vecinos –muchos de ellos conocedores del orígen de los vertidos– los que adviertan y rechacen este tipo de actitudes. Los beneficiados, como ahora somos los perjudicados, seremos el conjunto de la sociedad.