Los datos de la memoria judicial de 2015 presentada ayer por el presidente del Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJB), Antoni Terrasa, refleja una leve mejoría respecto a las causas pendientes en los tribunales y juzgados de las Islas, pero, como él mismo reconoce, el problema de fondo sigue pendiente de resolverse. El colapso en las diferentes jurisdicciones es grave o muy grave cuando se refiere a los Social, Mercantil o Contencioso-Administrativo, áreas en las que se dirimen derechos y reclamaciones de los ciudadanos. Nuestra comunidad figura entre las más litigiosas del conjunto del Estado, con una tasa de 198,5 por cada millar de habitantes, en este marco la exigencia de más y mejores medios está más que justificada.
Espiral inacabable. El indudable esfuerzo personal y organizativo de la judicatura en Balears durante el pasado año ha logrado reducir un 4 por ciento la cifra de casos pendientes, pero en realidad se trata de 60.699 asuntos pendientes. La cifra continúa siendo escandalosa a pesar, y justo es reconocerlo, alejada de los 90.985 que se contabilizaron en el ejercicio de 2010. El desánimo ciudadano está más que justificado, acudir a los tribunales supone poner a prueba la confianza en un sistema que se muestra incapaz de asumir la demanda social que se genera frente a la que la Administración, en concreto el Ministerio de Justicia, se muestra insensible. El propio Terrasa advertía de que en Ciutadella las personas impedidas deben ser atendidas en la calle por la inaccesibilidad de sus dependencias.
Más medios. La reclamación expresada ayer por el presidente del TSJB para la ampliación de juzgados y sus correspondientes titulares debería contar con el apoyo institucional, y social, que se merece; en especial por parte de su principal responsable, el Estado, al tratarse de una competencia no transferida. La infradotación en la que se encuentra todo el sistema judicial en las Islas debe entrar, con urgencia, en la agenda de cuestiones prioritarias a resolver.