La apertura de un expediente a la exalcaldesa y senadora del PP por Valencia Rita Barberá y medio centenar de militantes, entre ellos la práctica totalidad del grupo municipal valenciano, por su implicación en el ‘caso Taula' –que investiga un presunto delito de blanqueo de capitales entre otros delitos– evidencia la crisis interna en la que se encuentra inmersa la dirección estatal del PP. La decisión pone en entredicho la velada defensa de Barberá que ayer hicieron tanto el presidente Rajoy como la secretaria general de la formación conservadora, Dolores de Cospedal. La estrategia del PP contra la corrupción sigue sin tener un perfil claro y rotundo.
Indignación contra Barberá. Las explicaciones ante la prensa por parte de Barberá no han convencido a un sector importante de la dirección del PP, puesto que además de no ofrecer una versión creíble de lo ocurrido –la exalcaldesa se ha escudado en que se le deben aportar datos que le incriminen– lo ha hecho con un tono arrogante. Cabe advertir que la mayoría de los implicados se ha negado a colaborar con la Justicia, aunque Barberá ha aceptado declarar ante el instructor para no tramitar un suplicatorio y que el asunto acabe en manos del Tribunal Supremo; una prerrogativa que tiene como aforada. El expediente, aunque no plantea ninguna sanción por el momento, evita la complicidad de todo el aparato del PP con las presuntas irregularidades cometidas en Valencia.
La defensa de Rajoy. No pueden dejarse al margen las palabras de Rajoy con las que ha tratado de zanjar la cuestión con el mero compromiso de Barberá de acudir ante el juez sin querer valorar la indudable trascendencia, por lo menos política, de los hechos que se investigan. El problema de cómo ataja la corrupción el PP excede los límites de su organización. Se trata de una dimensión que al menos una parte de la dirección estatal se niega a asumir. La otra ya reclama la dimisión de Barberá. Y de todo ello el principal responsable es Rajoy.