Los expresidentes socialistas de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán serán juzgados por un delito de prevaricación al que se suma el de malversación en el ‘caso de los ERE’ para el segundo de ellos, según concluyó ayer el instructor de la causa, el juez Alvaro Martín, tras cinco años de investigaciones. Además de los dos expresidentes, entre los acusados figuran siete exconsejeros de la Junta de Andalucía, los cuales también tendrán que hacer frente a la imputación de los delitos de prevaricación y malversación. En total, la cifra de procesados se eleva a veinticuatro, entre los que se encuentran exviceconsejeros, directores generales, secretarios generales técnicos de Empleo, un interventor general de la Junta y tres directores generales de la agencia pública IDEA.
Trama institucional. La principal conclusión de la instrucción del ‘caso de los ERE’ es que desde la propia Junta se gestionaba una trama destinada a eludir los procedimientos y mecanismos de control para el reparto, discrecional o arbitrario, de 854,8 millones de euros. Esta cifra sólo alcanza a la primera pieza del caso. Cabe destacar que en numerosas ocasiones se hizo caso omiso de los informes técnicos que advertían de la ilegalidad de las subvenciones que se estaban concediendo, circunstancia muy similar a casos similares ocurridos en Balears y que han acabado con los responsables políticos en la cárcel.
Golpe duro al PSOE. El procesamiento de Chaves y Griñan supone un inconveniente añadido para el PSOE, cuyas aspiraciones electorales el 26-J pasaban por unos buenos resultados en Andalucía, la región donde tiene el electorado más fiel. Pedro Sánchez considera que los dos expresidentes asumieron su responsabilidad política con dimisiones como senadores, mientras que la actual presidenta andaluza, Susana Díaz, asegura que está convencida de que los dos políticos socialistas son inocentes. Un guión ya conocido pero que ahonda la desconfianza de los ciudadanos.