El próximo día 23 expira la moratoria vigente en Balears, aprobada durante la pasada legislatura, para la aplicación de la norma europea que exige la conexión a la red de saneamiento para otorgar la licencia de obra en un solar. La prórroga de la suspensión de la exigencia de la UE está generando una fuerte tensión entre los integrantes del Pacte. Més, uno de los socios en el Govern, se ha posicionado en contra, desautorizando, incluso, al titular de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, que había llegado a un acuerdo con Proposta per les Illes (PI) para aprobar una enmienda para desencallar la situación. El problema que se está gestando es de enormes dimensiones, tanto políticas como sociales y económicas.
Miles de afectados. Frenar las licencias de contrucción en todos aquellos solares que no disponen de red de saneamiento supone la desvalorización patrimonial para miles de ciudadanos, paralizar un segmento importante del sector de la construcción, hundir buena parte del mercado inmobiliario, que ahora está repuntando, y, por último, cortar los ingresos municipales provinientes de unos IBI en terrenos que quedarían desclasificados como urbanos. Los ayuntamientos no están en condiciones de financiar las nuevas canalizaciones, y tampoco parece que haya capacidad en la red actual de depuradoras para hacer frente a los nuevos caudales de aguas sucias.
Soluciones y plazos. Acabar con el sistema de fosas sépticas debe ser una prioridad que el Govern y sus socios aborden con realismo, aportando soluciones que, necesariamente, requerirán de tiempo y financiación para poder aplicarse. Es preciso establecer un calendario inalterable para resolver una situación anacrónica y medioambientalmente insostenible. Sin embargo, de lo que no cabe duda es de que la Administración no puede provocar un colapso económico en Balears como el que da la impresión que se quiere, de manera temeraria por parte de algunos.