Uno de los elementos imprescindibles para una correcta planificación de cualquier actividad o sector es, sin duda, poder disponer de información correcta y actualizada. Sin embargo, el propio Govern admite que las empresas dedicadas al alquiler de vehículos incumplen la obligación de inscribirlos en el registro autonómico, una práctica que podría elevar hasta 40.000 el número de automóviles que escapan al control. La ausencia de estos datos, por clara desidia empresarial y nula labor inspectora por parte de los departamentos implicados, obliga a mantener en la nebulosa de la percepción subjetiva el grado de saturación de la red viaria a falta de datos estadísticos fiables.
Un censo real. Mientras las patronales del sector advierten de la llegada masiva de automóviles a Balears por parte de las grandes empresas, muchas de ellas multinacionales, para atender el enorme pico de demanda que genera esta temporada turística excepcional, desde el Govern se reconoce que existe un incumplimiento sistemático del registro obligatorio de vehículos. La situación requiere una reacción inmediata. La ausencia de un censo ajustado a la realidad en la oferta de vehículos en alquiler impide una gestión eficaz de una oferta que, como es el caso de Formentera, está provocando un auténtico colapso viario.
Efectos estadísticos. Aunque en apariencia el registro autonómico sólo tiene efectos estadísticos, lo cierto es que sin esta información no es posible plantear un límite al parque de coches de alquiler que circulan por las carreteras de Balears, ni tampoco la aplicación de posibles medidas tributarias. Mientras, las grandes flotas siguen desviando las matriculaciones a municipios de fuera de las Islas a la búsqueda de precios ventajosos o negociaciones directas con los equipos municipales. Hay, por tanto, una enorme labor por delante para conocer en profundidad la realidad de una actividad, el alquiler de vehículos, cuyos efectos los soportan el conjunto de los ciudadanos.