La Abogacía de la Comunitat Autònoma ha reiterado su solicitud de archivo del llamado ‘caso Ópera', que se sigue contra el expresidente Jaume Matas, único encausado en esta pieza que investiga la contratación y abono de un anteproyecto de contrucción de un edificio en el centro del puerto de Palma por parte del arquitecto Santiago Calatrava. Este mismo departamento se ha retirado como acusación en el ‘caso Palacete' por entender que no es competente en el blanqueo de capitales. Ambas decisiones entran en el capítulo de técnica jurídica de la Abogacía en su estrategia de recuperación de los fondos públicos que se malgastaron en todo el proceso del ‘caso Palma Arena', razón por la que mantiene su personación en doce causas todavía pendientes contra el expresidente.
Vertiente política. Aunque el papel de la Abogacía tiene sus límites jurídicos, su misión es velar por los intereses de la Administración autonómica, y es indudable que ambas decisiones han generado controversia política. Dirigentes de algunos grupos integrantes del Pacte han advertido de su oposición a la retirada de la acusación contra el expresidente Matas, al cual se presenta como el principal responsable de los desmanes que se realizaron durante su mandato –entre 2003 y 2007–. La veintena de piezas del ‘caso Palma Arena' son un paradigma de la corrupción política en Balears, una disparatada colección de supuestos despilfarro y enriquecimiento ilícito con cargo al erario público. El Govern, por tanto, debería explicar con detalle a los ciudadanos cada una de las razones de su cambio de posicionamiento jurídico en todos estos asuntos.
La indignación se mantiene. A pesar del tiempo transcurrido y la dilatadísima instrucción de todas las vertientes del ‘caso Palma Arena', la sociedad balear no olvida lo ocurrido y reclama del Govern que defienda sus intereses, siempre en consonancia con la ley. Sería un error permitir que desde la Administración se consintiera algún resquicio a la impunidad de los responsables del presunto expolio.