La redacción del proyecto de ley de Presupuestos para el año 2017 está provocando importantes desavenencias entre los socios del Govern balear, PSOE y Més. Los problemas se han evidenciado cuando se ha puesto sobre la mesa la necesidad de buscar fuentes complementarias de financiación, una tarea siempre compleja, pero que este año está agravada por la interinidad del Gobierno central que todavía no ha dado a conocer las cifras esenciales –la aportación estatal y el techo de gasto– para redactar este documento que fija el marco económico de la Comunitat para el próximo ejercicio. En este clima de incertidumbre se plantean distintas opciones, desde la creación de dos tributos medioambientales –como defiende Més– hasta incrementar los tipos de la recién estrenada ecotasa, la opción por la que en principio se decantan los socialistas.
Más presión fiscal. Reactivar los impuestos medioambientales para recaudar dinero de las grandes instalaciones vinculadas al sector eléctrico ya se intentó en el pasado y fracasó en los tribunales. Con independencia del largo camino judicial que aseguraría su aprobación, su aplicación acabaría repercutiendo en el conjunto de los ciudadanos. Las empresas afectadas acabarían imputando en sus recibos este coste añadido, un extremo que el Govern no puede obviar a la hora de valorar una iniciativa de estas características.
Abrir nuevos frentes. Pretender compensar la recaudación de los impuestos que argumenta Més, prevista sobre los cinco millones de euros, con un aumento de los tipos vigentes de la ecotasa supondría para el Govern entrar en una guerra abierta con el sector turístico, en especial con los hoteleros, principales afectados por este impuesto. Esta vía confirmaría las tesis de quienes criticaron la improvisación y arbitrariedad con la que se puso en marcha la ecotasa. El déficit financiero de Balears, por culpa del Estado, no debe cubrirse con cargo a los ciudadanos.