La ley de consultas en la que está trabajando el Govern tiene que ser un instrumento de participación directa en las decisiones políticas, objetivo para el que es indispensable acotar el ámbito de los temas que pueden ser sometidos a la consideración de la ciudadanía. Los límites que fije el futuro texto permitirán conocer las verdaderas intenciones del Ejecutivo con esta iniciativa. Rebasar el ámbito competencial de las distintas instituciones –ayuntamientos, consells y la Comunitat Autònoma– garantiza los conflictos con el Tribunal Constitucional y levantará resquemores y suspicacias en amplios sectores de la sociedad balear.
Abrir el debate. La conciencia política de los ciudadanos está cambiando de una manera radical en los últimos años en nuestro país, un fenómeno al que Balears no es ajeno. La toma de decisiones trascendentales ya no es una cuestión que se delegue de manera incondicional en cada proceso electoral, cada cuatro años, en los partidos políticos. Ahora, los electores reclaman poder hacer oír su voz en todos aquellos aspectos que les afectan a título individual o al conjunto de la sociedad: desde la peatonalización de una calle, el trazado de una carretera o la implantación de infraestructuras públicas con un gran impacto; todas ellas con diferente ámbito de competencia institucional. Cada consulta lleva aparejado un debate previo que siempre acaba siendo enriquecedor para la definición de una postura.
Evitar la confrontación. Será un error querer camuflar tras una propuesta legislativa como es la ley de consultas una vía de confrontación con el Estado, que tiene la potestad de vetar la iniciativa mediante el correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional. La inmensa mayoría de la sociedad balear, hasta ahora, no ha manifestado ninguna voluntad de abrir fórmulas que puedan interpretarse como un intento de deslealtad institucional. Por eso es preciso asegurarse que esta ley no será derogada por el alto tribunal.