La advertencia de la Asociación de Promotores inmobiliarios de que el precio de la vivienda subirá el año que viene un 12% en Balears ha de hacer reaccionar a los poderes públicos. El Archipiélago ha superado la crisis de manera sorprendente. El alquiler turístico ha traído el encarecimiento de la oferta hasta el punto de que muchos propietarios solamente ceden sus pisos a particulares durante los seis meses de la temporada baja mientras que los reservan para extranjeros en los meses cálidos. Mientras, la maquinaria de la construcción avanza a ritmo muy lento por la escasez de suelo, por las trabas administrativas y por las secuelas de la pasada crisis.
Mucha población, poca oferta. La actual y compleja coyuntura se podía prever hace años, aunque la incidencia de la depresión económica retardó la eclosión del problema. Balears supera con creces el millón de habitantes a causa de los procesos migratorios de los últimos lustros. Pero el acceso a un techo está muy restringido y la demanda turística, con jugosos alquileres por semanas o quincenas, ha acabado por distorsionar el mercado. El resultado es que los jóvenes lo tienen muy complicado a la hora de acceder a una primera vivienda a medida que van integrándose en el mercado laboral y desean independizarse.
Viviendas sociales. Si en ningún ámbito de la estructura económica no se pueden poner puertas al campo, mucho menos en el sector inmobiliario. El flujo de visitantes a Balears no hace otra cosa que aumentar, revolucionando el mercado. Los intentos de la Conselleria de Turisme para regularlo se están convirtiendo en un quebradero de cabeza para sus responsables. Ante tal tesitura, el Govern no tiene otra solución que habilitar suelo para viviendas sociales, siempre desde una perspectiva inteligente, que implique dañar lo mínimo posible el territorio y manejando con tacto la actual coyuntura. Hay que dar una salida a los jóvenes ahora que se disparan los precios, o el drama social se incrementará y se volverá crónico.