El Govern presentó ayer su proyecto de ley de vivienda, un texto que pretende introducir importantes cambios en el mercado inmobiliario balear, como son la obligatoriedad de que los bancos y promotores cedan para que sean destinados a alquiler social todas aquellas viviendas que tengan vacías. La iniciativa, que puede ser tildada de valiente, pretende resolver el grave problema de escasez de inmuebles a precios asequibles; una oferta que ha quedado distorsionada –en parte– por la irrupción de los alquileres vacacionales. El problema ha adquirido dimensiones preocupantes en Ibiza y Formentera, aunque el fenómeno corre el peligro de extenderse al resto de la Comunitat.
El marco constitucional. El intento de resolver la problemática actual mediante el texto redactado por el Govern, que ahora se somete a exposición pública, genera serias dudas sobre su constitucionalidad. Bancos y promotores se sitúan en la diana gubernamental, que deja al margen a los particulares en sus exigencias de cesión patrimonial obligatoria. Las multas que se pretenden aplicar tienen, y esta es su función, una clara intención disuasoria de las expectativas especulativas por parte de titulares de estos inmuebles. Sin embargo, el principal escollo de esta iniciativa es las exigencias del marco constitucional vigente; una dificultad que también ha afectado a otras comunidades con iniciativas similares.
El control de las VPO. Además de la promoción del alquiler social, el proyecto de ley también afecta al futuro de las denominadas viviendas de protección oficial (VPO), las cuales sólo podrán ser vendidas al propio Govern por un precio tasado –nada se ha comentado de si podrán transmitirse por herencia–. Esta severa restricción sí afectará a miles de ciudadanos. En problema al que se enfrenta el Govern con esta futura ley es de hondo calado que tiene numerosas aristas, jurídicas y sociales, aunque la principal sigue siendo el enorme valor que los ciudadanos dan a la propiedad.