La decisión del Comité de Garantías de Podemos en Balears de promover la expulsión del partido de la presidenta del Parlament, Xelo Huertas, de la diputada Montse Seijas y del investigador Daniel Bachiller, abre una honda herida dentro de la organización, ya que el asunto puede acabar en los tribunales porque los afectados creen lesionado su honor al haberse insinuado que se trata de un caso de «corrupción». Pero por encima de luchas intestinas, afecta a la ciudadanía en su conjunto que en este enfrentamiento se vea afectada la presidencia del Parlament Balear, expresión de la soberanía popular isleña.
Culpas compartidas. No hay duda de que en este choque de trenes, de consecuencias todavía imprevisibles porque Huertas no piensa abandonar su responsabilidad institucional, las culpas están compartidas entre todos los actores del enfrentamiento. Es evidente que un partido de reciente creación como Podemos adolece de la necesaria madurez democrática que sólo se adquiere con el paso del tiempo y del ejercicio diario de la política. Las soluciones drásticas como pueda ser una expulsión sumarísima es contraproducente. Pero de la misma manera, y desde que estalló la crisis, Huertas y Seijas han votado en alguna ocasión junto al PP, hecho que también deja anonadado al electorado de izquierdas. La falta de tacto se ha producido por ambas partes.
El Pacte, afectado. Tal y como se desarrollan los acontecimientos el Pacte sale afectado. PSIB y Més no tienen culpa de lo que ha pasado, pero tal desaguisado esparce una sensación de fragilidad que afecta a todos sus integrantes. Además, queda mucho trecho por recorrer. Si Huertas se mantiene como presidenta contra viento y marea y el caso avanza en los tribunales, el desbarajuste institucional puede ser mayúsculo. El asunto puede tener relevancia en Madrid, ya que el secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, es uno de los posibles denunciados por Huertas y Seijas. Tal embrollo deja en mala posición a Balears.