La peculiar fórmula que se aplica en España para facturar el suministro eléctrico, en especial desde que se liberalizó el mercado, permitirá que en plena ola de frío el precio alcance máximos históricos. Las causas, según el Ministerio de Energía, hay que buscarlas en la escasez de agua, el alza del petróleo y el parón nuclear en Francia. Circunstancias a las que hay que añadir el fuerte incremento de la demanda como consecuencia de la bajada de las temperaturas. De lo que no cabe duda es que el coste de todo este escenario adverso acabará repercutiéndose en el recibo de los usuarios, los cuales son los que ya pagan uno de los precios más altos de la electricidad en Europa.
Salta la desconfianza. Resulta llamativo que el propio Ministerio y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estudian si las empresas eléctricas están aprovechándose de la situación para forzar al alza las subastas en el mercado mayorista, dato que revela la desconfianza en el sistema que se aplica en el sector. Esta situación evidencia que la fórmula actual carece de los controles que garanticen su ecuanimidad, y mucho menos cuando impacta con dureza en las capas más desfavorecidas de la sociedad. Los responsables institucionales no pueden dejar en el desamparo a decenas de miles de famílias que todavía sufren las consecuencias de la crisis, a merced de un mercantilismo inaceptable en los tiempos actuales.
Máxima transparencia. No es cuestión de reclamar un intervencionismo decimonónico en el sector eléctrico, pero sí es inaplazable acabar con su oscurantismo respecto a la gestión de unas infraestructuras que utilizan, en la mayoría de los casos, recursos públicos. Hay una impresión de prepotencia empresarial, sabedores de que disponen de la exclusividad en la generación de un recurso indispensable como la electricidad. Un lobby de probada eficacia frente al que son los ciudadanos a los que hay que proteger.