Los propietarios de fincas rústicas y el conjunto de la sociedad rural ibicenca se ha vuelto a organizar para defender sus intereses ante un nuevo cambio en la normativa territorial insular que ataca su modo de vida. Las más de 1.300 alegaciones presentadas en los ayuntamientos de Sant Joan y Santa Eulària así lo atestiguan y todavía habrá muchísimas más en los otros consistorios de la isla y en el Consell d'Eivissa.
La agricultura, en peligro. PSOE y Podem–Guanyem, los dos grupos que gobiernan la máxima institución insular, acordaron una serie de medidas urbanísticas para limitar al máximo la construcción de viviendas en suelo rústico, entre otras disposiciones de carácter paisajístico que no han convencido en absoluto a, por ejemplo, los profesionales de la agricultura, que en sus alegaciones ya han dejado claro que ven peligrar su actividad en Ibiza de mantenerse los nuevos preceptos aprobados por el equipo de gobierno progresista. Las cooperativas agrícolas y los propietarios de fincas rústicas sostienen que con los nuevos parámetros para la construcción de viviendas es muy difícil que un campesino pueda dedicarse a la agricultura.
Sin diálogo ni consenso. Pero lo que más indigna a los afectados por esta norma territorial cautelar es que las nuevas medidas se hayan impuesto sin que haya habido ningún tipo de diálogo con los sectores implicados, que son los que conocen de primera mano cuáles son sus necesidades. Para acabar con la especulación y las mansiones de miles de metros cuadrados no era necesario herir de muerte a los payeses. Esto es matar moscas a cañonazos. Si en el pasado se han cometido ilegalidades es porque los representantes políticos, de uno y otro lado, no han puesto los medios suficientes a nivel urbanístico para controlar qué se construía o se dejaba de construir en el campo. Y de esto los agricultores no tienen ninguna culpa.