Los medios de comunicación se han hecho eco estos días de un grave episodio de presunta explotación laboral. Los datos eran alarmantes. Un establecimiento turístico en el que su propietario encerraba a sus trabajadores, todos ellos de nacionalidad rumana. Incluso se distribuyeron imágenes de una de las estancias. El empresario no duda en asegurar que todo se trata de una denuncia falsa, consecuencia de la denuncia de un ex empleado. Sobre todo ello deberán ser los jueces quienes se pronuncien, pero es preciso llamar la atención sobre la necesaria prudencia con la que los organismos oficiales deben abordar este tipo de cuestiones. En los últimos meses han sido varios los casos en los que operaciones similares se han resuelto con un archivo o con una simple sanción administrativa.
Presión política. La lucha contra la explotación laboral debe estar, sin duda, en la agenda de prioridades de la Inspección de Trabajo, de los cuerpos policiales y de la propia Conselleria de Treball, muy sensibilizado en esta cuestión. Esta actitud, sin embargo, no debería ser incompatible con la prudencia. Las actuaciones fallidas en este terreno, o al menos muy lejos de las gravedad inicial con la que se hicieron públicas, debería motivar un cambio de estrategia. La necesaria contundencia en la persecución de la explotación laboral debe evitar hundir a empresas que quizá han incumplido alguna normativa y merecen una sanción administrativa. Permitir la identificación de empresas que están involucradas en este tipo de delitos, de una gravedad extrema, es un castigo añadido que cuando los hechos no se confirman producen un mal irreparable.
Sin bajar la guardia. Inspección y Conselleria debe seguir vigilante en el control de empresarios desaprensivos e insolidarios, que en muchas ocasiones se aprovechan de la situación precaria de sus trabajadores. Pero ello no exime de actuar con cautela, aunque sólo sea para no restar ni un ápice de la credibilidad de todas las actuaciones, en este campo, en las que está involucrada la Administración.