La decisión del juez Andreu, instructor del ‘caso Bankia', de investigar a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España; a su ex ‘número dos', Fernando Restoy, y al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores Julio Segura es la consecuencia lógica de este hiriente sumario, reflejo de los padecimientos que ha soportado la sociedad española desde el estallido de la crisis financiera e inmobiliaria en 2008. Fernández Ordóñez tuvo la responsabilidad entre 2006 y 2012 de controlar y encauzar la falta de rigor de las cajas a la hora de conceder créditos hipotecarios durante los irresponsables tiempos del ‘boom'. No lo hizo. Dejó actuar y abrió las compuertas a la catástrofe.
Protegido de Zapatero. Ordóñez tomó el mando del Banco de España en el cénit del zapaterismo. Venía de ostentar cargos políticos. Era una apuesta del presidente en el momento más álgido del ciclo económico con las cajas de ahorros repletas de políticos en sus consejos de administración, embarcadas en la concesión de créditos y con la economía ya mostrando síntomas de un calentamiento cada vez más imparable. En estas condiciones, la crisis financiera internacional tuvo efectos demoledores en España, con Ordóñez convertido en estatua de sal. El tsunami arrastró a las cajas. La madrileña Bankia es el paradigma de este desastre.
Salida a Bolsa. La huida hacia adelante de la antigua Cajamadrid, transformada en Bankia, pasará a los manuales como lo que jamás debe consentir el gobernador de un banco central. Ordóñez y sus adjuntos tendrían que haberse opuesto a ingenierías financieras de dudosa catadura ética como fue la salida a Bolsa de la enferma Bankia. Ordóñez estaba advertido o, en todo caso, el cargo que ocupaba le obligaba a analizar la situación con coherencia. Bankia no pudo resistir. Y muchas cajas de ahorros entraron en un vía crucis terrible. Estas entidades tuvieron que ser rescatadas con 60.000 millones de dinero europeo. Dinero de todos. Y para vergüenza de todos.