El hecho de que la Delegación del Gobierno haya multado con 601 euros al president del Parlament, Baltasar Picornell, por resistencia a la Guardia Civil en el ‘correbou' de Fornalutx (Mallorca) celebrado el pasado septiembre, constituye un caso sorprendente, ya que el sancionado es en la actualidad la segunda autoridad del Archipiélago y cuando sucedieron los hechos ya era diputado por Podemos. Picornell tiene abierto el camino del recurso, si bien lo acontecido hasta ahora jamás se había vivido en la autonomía balear.
Actitud ideológica. Las protestas tendentes a evitar el maltrato de animales son legítimas y forman parte de la ideología de cada ciudadano, que debe respetarse en cualquier circunstancia. Pero otro factor añadido a este caso es que el grupo del que formaba parte Picornell no había solicitado el permiso para efectuar la protesta. No obstante, y aunque deba afrontar la multa, puede acogerse a la legitimidad moral de su acción aunque entrase en franca colisión con el deber de la Guardia Civil, centrado en conseguir que en Fornalutx no se bloquease el ‘correbou'. El por entonces diputado Picornell sabía que se exponía a una sanción con su actitud, tal y como aconteció.
La decisión del Parlament. Cuando hace unas semanas los diputados del Pacte acordaron nombrar a Picornell president de la Cámara sabían perfectamente que ‘Balti', como se le conoce, podía ser multado de un momento a otro ya que las imágenes de su resistencia pasiva a la Guárdia Civil eran de dominio público. En consecuencia, su nombramiento conlleva que todos los grupos que le votaron asumieron la responsabilidad de que elegían a un diputado que podría ser sancionado de manera inminente. Por tanto, cualquier crítica que se vierta ahora sobre el hecho de que el president del legislativa ha sido multado ha de ser asumida y compartida por toda la izquierda, que aceptó el pacto propuesto por Podemos en torno a la figura de Picornell. Ahora la izquierda en bloque ha de defenderle.