La decisión del tribunal de permitir que Iñaki Urdangarin siga en libertad sin necesidad de abonar fianza ni exigirle el pasaporte tras haber sido condenado a seis años y tres meses de cárcel produce sorpresa en la ciudadanía. Según la instrucción del juez Castro y las pesquisas de la Fiscalía, Nóos era poco menos que una organización criminal que se dedicaba a saquear fondos públicos. En consecuencia, la Fiscalía Anticorrupción pedía penas de prisión cercanas a los 20 años de cárcel para los máximos responsables. Pero el Tribunal presidido por Samantha Romero descafeinó los hechos, y Torres y Urdangarin finalmente fueron condenados a 8 y 6 años. Sería de esperar una reacción consecuente de la Fiscalía, pero su petición de medidas cautelares para los condenados es tibia, casi compasiva con Urdangarin: sigue libre, con plena libertad de movimientos y una fianza ridícula en comparación con lo que se le exigía.
Alarma social. Las actuaciones de Castro en la fase de instrucción y del fiscal Horrach durante el juicio entran en franca contradicción con este desenlace, claramente favorable para el cuñado del Rey. Tal contrasentido crea un clima de alarma social, porque es difícil de explicar un viraje tan rotundo de la magistratura en un caso tan sensible y conocido como éste.
El Govern Balear, en Babia. Si la sensación de alarma es extensible a toda España, tiene especial relevancia en Balears, donde estalló el escándalo y tuvieron lugar la instrucción y el juicio. Por ello también sorprende la timidez del actual Govern a la hora de reclamar los dos millones de dinero público entregados por Matas a Urdangarin. Es decepcionante la lentitud con que se está moviendo el Consolat, cuando debió dar este paso de manera firme desde el primer momento y no enzarzarse en excusas de estar a la espera de informes jurídicos y reaccionar tarde y mal. Esta parsimonia agrava aún más el sentimiento de alarma y desazón.