El proyecto de ley que pretende regular el alquiler turístico, aprobado por el Govern el pasado viernes, inicia ahora una tramitación parlamentaria que deberá concretar el alcance de algunas de las medidas que se proponen en el texto inicial. Pocas iniciativas legislativas tendrán una repercusión económica y social en Balears como la que se aborda. El alquiler turístico genera encendidos debates a favor y en contra, aunque hay un amplio consenso en la necesidad de lograr una regulación eficaz para esta actividad; que en los últimos años ha registrado un crecimiento exponencial y no está exenta de riesgos que se deben tratar de prevenir. Es el momento de evitar las situaciones que se están produciendo en ciudades como Barcelona, y algunas capitales europeas.
Compatibilizar intereses. La mayoría de los alcaldes de Ibiza, en los que el alquiler turístico es una actividad muy común, coinciden en descartar la prohibición genérica que sí se ha planteado por parte de algunos grupos sociales. El texto del Govern –criticado por las organizaciones ecologistas– traslada , en buena medida, la responsabilidad final sobre las autorizaciones a los ayuntamientos y consells, que deberán fijar las zonas permitidas. También se otorga un papel determinante a las comunidades de propietarios en el caso de los inmuebles plurifamiliares, circunstancia que puede ocasionar tensiones vecinales. No se puede obviar que la gestión de estos inmuebles tiene una importancia vital para muchas economías familiares.
Voluntarismo jurídico. A la espera de la redacción definitiva de la ley, el trámite en el Parlament se prolongará durante meses, sigue abierta la confrontación con una norma estatal como es la Ley de Arrendamientos Urbanos, que contradice el espíritu y el detalle del proyecto del Govern. Una primera lectura hace inevitable la sospecha de que sin la colaboración de Madrid todo el proyecto regulador del alquiler turístico en Balears puede quedar en una mera declaración de intenciones.