El acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y el vasco sobre el importe del cupo –la cantidad que Euskadi debe pagar al Estado por las competencias no transferidas– supondrá una devolución estatal, en concepto de atrasos, de 1.400 millones y una rebaja de 196 millones en la liquidación de 2016, ahonda en la discriminación que perpetúa el actual sistema de financiación autonómica y con el que Balears sale muy perjudicada. La aceptación del nuevo marco económico entre Madrid y Vitoria sólo puede entenderse por el compromiso de apoyo de los diputados del PNV a los Presupuestos Generales del Estado que se debaten en el Congreso, una negociación cuyo coste millonario deberán asumir el conjunto de los españoles.
Un privilegio para todos. El sistema de concierto económico que mantienen el País Vasco y Navarra es un modelo al que aspiran muchas otras comunidades autónomas, entre ellas Balears, como fórmula para evitar el lastre que supone el modelo actual. La supervivencia en las condiciones vigentes –de aplicación restringida a sólo dos autonomías– del cupo está cuestionada desde la Unión Europea, aunque figure como un tratamiento específico en la misma Constitución española. Lo cierto es que el PNV ha utilizado la revisión del cupo como condición previa al apoyo a los Presupuestos, una situación de la que sólo se pueden beneficiar las autonomías que cuentan con diputados nacionalistas o regionalistas. Los votos imprescindibles mueven voluntades.
El espíritu sigue. Resuelto el escollo de los apoyos del PNV, todo indica que el criterio para las cuentas estatales de este 2017 no variarán, a tenor de las palabras del ministro del ramo, Cristóbal Montoro, que mantiene su compromiso de control del déficit; una manera de asegurar que algunos recortes del pasado se prolongarán un año más. Mientras, desde las Islas habrá que seguir a la espera de las dádivas inversoras del Estado para compensar el castigo financiero a que se nos somete.