Un cambio en la futura ley de urbanismo que impulsa el Govern pretende aumentar la densidad de población sin incrementar la superficie destinada a la construcción de viviendas, una ecuación que significa abrir la puerta a promociones de menor tamaño; de momento en las de protección oficial. La iniciativa supondrá ampliar la zonas en las que se permitirá ofrecer vivienda pública en su superficie mínima, 45 metros cuadrados. El objetivo es lograr precios más asequibles de las nuevas viviendas en toda Balears.
Un problema prioritario. El de la vivienda, tanto en régimen de propiedad como en alquiler, se ha convertido en los últimos años en un problema social en Balears con especial incidencia en Ibiza y Formentera, donde los precios se han disparado tanto en alquiler como en compra, lo que a su vez dificulta el acceso a la vivienda a residentes y trabajadores de temporada. Los precios de la vivienda, en todas sus modalidades, se han disparado como consecuencia de un mercado que está respondiendo al alza por diversas y en ocasiones complejas razones. En este contexto la propuesta que plantea el Govern por medio de la ley de urbanismo en la que se trabaja tendrá una indudable efecto inmediato, la ampliación del parque de vivienda pública con estos parámetros tendrá una incidencia directa sobre el precio; pero el efecto temporal será limitado. Es previsible que la demanda se dispare.
Asumir los cambios sociales. Equilibrar la tipología de las viviendas, hay que insistir que se trata del segmento de las subvencionadas, con las necesidades actuales de la población es la estrategia adecuada. La emancipación de los jóvenes se demora, en buena medida, por la falta de accesibilidad a una vivienda. Los modelos de familia también han cambiado y, con ello, las necesidades de espacios y organización. Habrá que esperar los resultados de estas modificaciones en la ley de urbanismo balear para calibrar su efecto final sobre el mercado inmobiliario balear en los diferentes municipios de las islas.