Un año después de la aprobación de la ecotasa son cada vez más intensos los indicios de que el Govern podría incrementar el tributo que grava los alojamientos turísticos. De hecho, Podemos ya ha advertido que esta es su principal condición para aprobar los presupuestos del 2018. Por su parte, PSIB y Més parecen estar a la espera y analizar reacciones, sin despreciar, ni mucho menos, la opción de la subida. Es harto sabido que los recursos del actual Govern, asfixiado por la deuda, son escasos y tiene que operar en una sociedad cada vez más dinámica y necesitada de inversiones públicas.
De la batalla al consenso. La ecotasa ha sido durante lustros sinónimo de erizada batalla política. El primer Govern Antich la aprobó durante la legislatura 1999-2003. Padeció un ataque feroz del PP con el apoyo hotelero y el de Moncloa, por entonces ocupada por Aznar. Al recuperar el poder, Jaume Matas la abolió. Durante la presente legislatura, y de la mano del vicepresident Barceló, se alcanzó un consenso político, empresarial y social que ha hecho posible su aplicación. Una subida podría poner en peligro este consenso, sobre todo con los hoteleros. Pero el problema es que Balears padece una pésima financiación autonómica. Demasiados recursos baleares se van a Madrid y no vuelven jamás. Por eso son cada vez más intensos los tambores de la subida.
Deben pagar todos. Antes de proceder a un incremento de la ecotasa, el Govern tiene una asignatura que debe resolver: el gran negocio que gira alrededor del alquiler vacacional, a menudo ilegal y que, en consecuencia, no paga impuesto turístico. El primer objetivo del Consolat ha de ser arreglar esta situación, impropia de una industria desarrollada y que tiene el marchamo del tercermundismo. Una vez que se haya regularizado el pago de la ecotasa en los alquileres vacacionales ya podrán plantearse otros objetivos, pero no antes. Cada cosa a su tiempo y con pasos bien dados.