Hay datos que comprimen un estado de ánimo. La aportación que impone el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cuyo titular es Cristóbal Montoro, a las arcas autonómicas para su contribución a la solidaridad interterritorial marca un récord: 927 millones de euros para el próximo año. Es la exigencia del modelo de financiación, que, en sus diez años de vigencia, ha supuesto una contribución global de las Islas de 7.490 millones de euros, una cifra sobre la que la sociedad balear se niega a reflexionar pero que, sin duda, ha tenido –y todo indica que seguirá teniendo– un efecto negativo sobre el bienestar del conjunto de los ciudadanos de Balears.
Menos competitividad y bienestar. Ninguno de los políticos con responsabilidades institucionales en nuestra Comunitat ha sabido transmitir las consecuencias de este modelo.El compromiso ideológico y la sumisión a las indicaciones de los responsables estatales han acallado cualquier atisbo de denuncia. Mientras, las prestaciones sociales en Balears retroceden y la competitividad de nuestra economía se resiente. No hay comparación que se sostenga de las ayudas y subvenciones a los colectivos más desfavorecidos en las Islas frente a las de otras autonomías.El agravio es incuestionable.
Corregir la injusticia. El anunciado nuevo modelo de financiación autonómica, que el Gobierno retrasa a la espera de un acuerdo con el PSOE, debe poner fin a una situación que lastra el desarrollo económico y social de Balears. Las Islas tienen que dejar de ser tratadas como un filón inacabable de fondos para repartir con el resto de las autonomías, entre otros motivos porque este método nos empobrece cada vez más. Nuestra sanidad, nuestra educación, nuestras prestaciones sociales y nuestras infraestructuras públicas se resienten mucho de la esquilmación sistemática que practica el Estado de la contribución fiscal de los ciudadanos y las empresas baleares.