El hecho de que siete de cada diez ciudadanos de Balears utilice el vehículo privado para ir a trabajar y de que el tráfico se haya incrementado en un 42 % desde el año 2005 son las pruebas más contundentes de que el Archipiélago está llegando a un punto de saturación que pronto puede ser insoportable. Ante esta evidencia se impone que nuestros gobernantes vuelvan a plantearse una política de transporte público digna del siglo XXI y con la mirada puesta en mejorar la calidad de vida.
Inversiones y coraje político.
Un transporte público adaptado a nuestros tiempos exige un esfuerzo económico enorme y un gran coraje político. Cabe recordar que el primer Pacte de Progrés ya lanzó en 1999 la idea de crear un metro en la bahía de Palma para enlazar sus dos extremos urbanos y que se convirtiese en un servicio capaz de descongestionar el tráfico del Arenal hasta el inicio de la costa de Calvià. Ciudades como Bilbao, Málaga o Alicante lo han conseguido. En Ibiza la situación también es insostenible, con una carga de vehículos privados que, en algunos momentos, supera todo lo razonable. Las carencias del transporte público tampoco facilitan que los ciudadanos dejen sus coches en casa. Ahora, que vivimos la resaca de la crisis, los actuales gobernantes ya ni siquiera se plantean la imprescindible revolución del transporte público.
La eterna mala financiación.
La indecisión a la hora de acometer esta gran apuesta de futuro es directamente proporcional a la incapacidad de poder conseguir una financiación autonómica justa. Es insultante que Madrid se lleve de Balears centenares y centenares de millones de euros cada año que jamás regresan, mientras aquí vamos de cabeza hacia la saturación. Ahí está la raíz de todos los males, de tener que recurrir al coche privado por falta de alternativas serias y de que aparcar se convierta cada día en una estresante aventura. Crecimiento desmedido sin recursos públicos es sinónimo de descontrol y caos.