La decisión de algunas de las empresas más potentes y emblemáticas de Catalunya como CaixaBank, Banco Sabadell y Gas Natural de trasladar su sede social a otras comunidades españolas coincide con una bajada de tensión en el proceso secesionista catalán. La Generalitat centra ahora sus esfuerzos en hallar mediadores para intentar superar del conflicto con el Estado. Puigdemont dice que no varía su hoja de ruta hacia la declaración unilateral de independencia, pero todo indica que ha perdido determinación. El Gobierno español, por su parte, sigue enrocado y a la expectativa con un despliegue impresionante de fuerzas armadas en la comunidad.
La incertidumbre espanta. La salida formal de Catalunya de corporaciones tan significativas como CaixaBank, que ayer eligió Valencia frente a la opción de Palma, supone un duro golpe no sólo para la Generalitat, sino para todos los catalanes. La antigua La Caixa tiene un valor simbólico enorme. Su huida de Catalunya para preservar la permanencia en la Unión Europea y evitar, asimismo, perder cuota en el mercado español debe hacer estragos en el bloque independentista catalán. Es la constatación de que la desconexión del Estado en base a un referéndum ilegal sin reconocimiento internacional tiene un precio: desconfianza e inestabilidad económica. Y esta reacción empresarial parece que ha cogido con el pie cambiado a los promotores de la secesión.
Recuperar la sensatez. La economía podría haber generado un cambio de ritmo en el conflicto. Esta nueva fase del enfrentamiento entre los gobiernos de Madrid y Barcelona debería aprovecharse para restablecer la comunicación y rebajar la tensión de las últimas semanas. Se dice que el dinero es cobarde y debe ser cierto. Algo así debió intuir el Rey en su discurso cuando, hablando de las consecuencias de las «conductas irresponsables», citó el riesgo que existía para la estabilidad «económica» de España antes que el riesgo «social».