El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont compareció ayer en Bruselas para explicar ante los medios de comunicación las razones de su salida de España tras la intervención, por parte del Estado, de la autonomía catalana al amparo del artículo 155 de la Constitución. El político independentista, acompañado de seis de sus antiguos integrantes del Govern también destituidos, no logró hilvanar una justificación razonable de su presencia en la capital belga si se exceptúa la intención de internacionalizar el conflicto y como medida preventiva frente a las graves consecuencias judiciales –los delitos y penas que se les imputan son gravísimas– a las que deberá hacer frente en breve; lo que podría ser el detonante de una solicitud de asilo político en Bélgica, que él ayer negó.
Incoherencia política. Puigdemont critica la aplicación del 155 en las instituciones catalanas, que podría haber evitado el pasado jueves de haber convocado las elecciones autonómicas, y reitera su desconfianza de la justicia española, a la que acusa de estar al servicio del Gobierno. La salvaguarda personal de su salida del país no la ha aplicado a todos los miembros de su gabinete que, como él, figuran en la querella del fiscal general del Estado que ya sido admitida a trámite por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. En un incomprensible ejercicio de funambulismo político, Puigdemont reivindica su cargo y rechaza la intervención de la Generalitat, pero admite la convocatoria desde Madrid de los comicios autonómicos del 21 de diciembre.
Celeridad judicial. La tensión política del conflicto catalán está lejos de rebajarse. En un alarde de agilidad judicial, la jueza Lamela ya ha citado para mañana y pasado a Puigdemont y a todos los consellers del que fue su Govern; es una urgencia injustificada –la comisión de cualquier delito está neutralizada– que da argumentos a quienes quieren ver al Gobierno tras las decisiones judiciales.