El Tribunal Superior de Justicia de Balears ha dado un auténtico varapalo al Consell de Formentera por las irregularidades en la gestión del bolsín de bomberos. El Tribunal Superior considera probado que el Consell eligió a dos candidatos que no cumplían los requisitos para perjudicar a un tercer aspirante. Estas irregularidades tendrán un coste económico para el Consell, que no pagarán los responsables políticos sino los ciudadanos. La institución deberá abonar una cantidad económica importante al demandante, si bien es cierto que reclamaba el doble de lo que finalmente recibirá.
Mala gestión. Hace tiempo que se lleva gestionando la política de personal del Consell de Formentera y la peculiar forma de actuar del gerente de la institución, Isidor Torres, quien ya fue noticia hace unos meses cuando este periódico desveló que se había contratado al despacho de arquitectos de su cuñado, en Rotterdam. Los argumentos de Torres para justificar esta contratación no merecen ya menor comentario, pero sí las formas que utiliza este cargo público que, no conviene olvidarlo, gestiona dinero público. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Superior es un nuevo aviso. Parece muy grave que se puedan beneficiar de manera tan descarada a dos aspirantes de un bolsín, que no cumplían ni los requisitos mínimos para ocupar los puestos de trabajo. Los argumentos que utilizó el presidente del Consell, Jaume Ferrer, anteanoche en BNP tampoco convencen a nadie. Y también es bastante sorprendente que tras perder en dos instancias judiciales el Consell de Formentera pretenda ahora acudir al Supremo, si bien está en todo su derecho.
Otro talante. Lo preocupante ahora para el Consell es la instrucción de una investigación sobre prevaricación en el gobierno insular a raíz de este asunto. No es una cuestión menor, pero quizás permitirá desvelar cómo se actúa por parte de algunos responsables políticos o cargos a sueldo, cuya gestión y talante dejan mucho que desear. Simplemente, no están a la altura del prestigio de la institución.