Han sido suficientes unas pocas semanas para que el Partido Popular muestre su voluntad de aguar la reforma de la Constitución, el pacto alcanzado entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a cambio del apoyo de éste último a la activación de la intervención de la autonomía catalana. Tras la creación de la comisión territorial en el Congreso, el portavoz de los conservadores y secretario general de su grupo parlamentario, José Antonio Bermúdez de Castro, dejó claro que no habría ninguna modificación de la Carta Magna y que sólo cabía esperar «la modernización y evaluación del Estado autonómico». En la comisión sólo participan, además del PP, Ciudadano y PSOE, mientras el resto de formaciones nacionalistas y Podemos ha renunciado a formar parte.
Un juego peligroso.
La posición de Bermúdez de Castro revela que el PP sigue temiendo una reforma de la Constitución del 78 no sólo para resolver importantes problemas en materia autonómica, desde la financiación hasta el encaje de Catalunya, sino su indispensable modernización como también reclama Ciudadanos; otro de los apoyos del Gobierno. La actitud del Grupo Popular puede acabar comprometiendo al líder socialista, hasta el extremo de romper el bloque constitucionalista que ha avalado la aplicación del artículo 155 de la Constitución a la Generalitat catalana. El PP se está mostrando muy receptivo a al sector más inmovilista de la formación en materia autonómica, una manera de perpetuar el problema.
Evitar el engaño.
De cumplirse las tesis de Bermúdez de Castro, que no han tenido respuesta desde C's y PSOE, el PP estaría protagonizando un claro ejemplo de deslealtad por el que podría acabar pagando un alto precio. Pretender que un simple maquillaje resolverá los problemas del actual Estado de las autonomías, de los que Balears es una gran damnificada, es un puro espejismo.