Todavía es una iniciativa pendiente de concretarse en una futura ley de adicciones, pero la prohibición de fumar en el interior de los vehículos particulares con menores en su interior tiene todos los visos de ser una propuesta polémica. La argumentación desde la Conselleria es coherente con la preservación de la salud pública, en este caso de los más pequeños, para combatir el consumo de tabaco. Sin embargo, la medida seguro que acabará generando una amplia controversia social y jurídica sobre los límites de la libertad individual y la prevalencia de derechos. El eje de la cuestión, de todos modos, reside en la capacidad de la Administración autonómica, en este caso, de hacer cumplir sus propias normas.
Relajación en el control.
Plantear que no se fume en el interior de un coche particular para no perjudicar a los menores puede resultar una formulación atractiva y novedosa, incluso arriesgada desde el ámbito jurídico, pero lo más importante es saber si el Govern está en condiciones de exigir su cumplimiento. Desde el propio departamento de Salut Pública se admite que la reglamentación estatal antitabaco se vulnera cada vez con más frecuencia, en especial en lo que se refiere a la permisividad en las terrazas. Ahora se pretende volver a endurecer la vigilancia. El Govern corre el riesgo de pecar de un exceso de confianza o voluntarismo con una propuesta tan extrema, como la que se quiere llevar a la futura ley de adicciones, sin garantías de llevarla a la práctica.
Cambio de mentalidad.
La sociedad ha superado el debate en la lucha contra el consumo de tabaco, las normas han sido asumidas con normalidad por la mayoría de los ciudadanos. Hay, en la actualidad, una conciencia sobre los efectos negativos para la salud que tiene fumar, que da pingües beneficios al propio Estado, y sobre la necesidad de proteger a los niños. La cuestión es alcanzar la máxima eficacia y, quizá, la vía más adecuada sean programas divulgativos en los centros escolares.