El Govern balear anunció el lunes que ha iniciado el expediente para sancionar con 300.000 euros a Airbnb por comercializar oferta de alquiler de inmuebles a turistas ilegal. La empresa ya está al corriente de esta sanción, si bien asegura que no ha recibido ninguna notificación oficial. Se trata de la multa más elevada que se ha impuesto desde la aprobación de la reforma de la Ley de Turismo en lo relativo al alquiler turístico, aprobada hace unos meses en el Parlament, y que el propio Biel Barceló, a la sazón conseller de Turismo, denominó «ley Frankenstein». Dicha ley prevé multas que van de los 40.000 a los 400.000 euros y parece que Airbnb ha merecido recibir la sanción en la parte más alta del baremo. Dicha plataforma seguía comercializando oferta ilegal pese a los distintos requerimientos de la Conselleria de Turismo.
Cumplir la Ley.
Airbnb ha apelado a la «economía familiar» para defender su posición en el mercado de comercialización de pisos turísticos en plurifamiliares, viviendas que no tienen ningún permiso oficial para alojar turistas y que se encuentran desde hace tiempo en una situación al margen de la Ley. Da la sensación de que esta plataforma no tenga ningún beneficio económico con esta «economía familiar». Sin duda es un argumento de escaso peso jurídico, porque lo que tiene que hacer Airbnb es cumplir la Ley o, si considera que la normativa autonómica vulnera normas de rango superior, acudir ante los tribunales para recurrirla como corresponde. Como no consta que haya presentado ningún recurso, Airbnb y el resto de plataformas tienen que cumplir la legislación en vigor.
Caso omiso.
Es sorprendente que Airbnb haya hecho caso omiso a todas las advertencias de la Conselleria de Turismo sobre la comercialización de pisos turísticos en plurifamiliares. Está al corriente desde hace tiempo que todas las viviendas que comercializan deben tener los correspondientes permisos de la citada Conselleria pero se ha saltado la ley de forma consciente. No es posible que nadie eluda la Ley, pero menos una empresa como Airbnb, que se supone que está asesorada por juristas y que está actuando como si en Balears no hubiese leyes. Eso no es posible en un Estado de Derecho.