Jueces, magistrados y también representantes del Ministerio Fiscal del partido judicial de Ibiza, que incluye las Islas Pitiusas, presentaron este jueves un documento de propuestas para mejorar la gestión judicial en la isla. Entre otras propuestas, el colectivo destaca la urgente paralización del actual sistema digital judicial, que en lugar de solventar los problemas está dificultando aún más el trabajo de los profesionales de la Justicia. El juez decano de Ibiza, Juan Carlos Torres, ha lamentado la sobrecarga que acumulan los juzgados de Ibiza y reivindicó, de nuevo, la necesidad de poner en marcha dos nuevos juzgados, uno de primera instancia y otro de lo social.
Movilizaciones.
Los trabajadores, que sufren en primera persona un sistema judicial totalmente caduco y muy alejado de lo que tendría que ser una administración moderna y eficiente, han dicho basta. Y están dispuestos a convocar paros de una hora todos los jueves y una huelga el próximo 22 de mayo. La situación no es nueva y lamentablemente no tan solo afecta a Ibiza. Este jueves también se conocía que el Juzgado de Violencia de la Mujer de Palma ha decidido no aceptar más casos debido al colapso que sufre por falta de medios. Por lo tanto, como ya se sabía, se trata de un problema generalizado en prácticamente todo el país, independientemente de si la competencia es ejercida por las comunidades autónomas o por el Gobierno central, que han sido incapaces de solventar cuantos ministros se han puesto al frente del Ministerio de Justicia.
Tema pendiente.
Los jueces, fiscales y personal que trabaja en los juzgados no tendrán otra alternativa que salir a la calle para que les hagan caso, como han hecho los pensionistas, los policías nacionales y guardias civiles, y tantos otros colectivos. Parece que esta es la única forma que hay en este país para arreglar los problemas, pero llueve sobre mojado en la Justicia española. Está muy lejos de ser eficiente, es lenta y no responde a las necesidades de los ciudadanos. Que los jueces y fiscales hagan una huelga quizás pondrá en alerta a la clase política, tan acostumbrada últimamente a escuchar sólo cuando los colectivos se manifiestan y pueden perder votos.