El dato es positivo. Durante el pasado año, la Agencia Tributaria afloró en Balears 336 millones de euros procedentes del fraude fiscal, una cifra muy importante pero que supone un 4 por ciento más que en el ejercicio de 2016.
La lectura inmediata es que, por desgracia, no se ha tocado fondo en la búsqueda de dinero opaco al sistema fiscal español. Cada año aumenta la cifra, como si el final fuese inacabable cuando, en pura lógica, se tendría que ir reduciendo la cifra en la medida de que el objetivo de las campañas de inspección fuesen dando sus frutos.
Resolver la desconfianza del contribuyente respecto al destino de sus impuestos no es una tarea sencilla y menos cuando se considera que la fiscalidad que se aplica es exagerada en relación con las contraprestaciones que se reciben.
Nueva conciencia fiscal.
Resulta innegable que es mucho lo que se ha avanzado en los últimos años a la hora de incorporar los compromisos fiscales como un deber ciudadano más, pero tampoco se puede negar que no se logra inocular una amplia conciencia social de la necesidad de cumplir con la contribución al erario público.
Desde la Agencia Tributaria se han arbitrado diversas medidas destinadas a cercar al defraudador y a dificultar las transacciones opacas al fisco, aunque los resultados de las campañas anuales siguen detectando importantes bolsas de fraude. Mucho hay cuando el dinero que se aflora se cuenta en decenas de millones. La cifra de lo que logra evadirse es un misterio.
Perseverar y concienciar.
Pocas opciones hay que no sean la de mantener la eficacia en la detección del fraude fiscal y perseguir a sus responsables. La tarea no debe hacer olvidar la imprescindible concienciación: es imprescindible cumplir con las leyes tributarias si de verdad se quieren servicios públicos de calidad. La Agencia Tributaria debe actuar en ambas direcciones; el fraude cero no debe ser una quimera.