La recién nombrada ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, se ha estrenado en el cargo reclamando una reforma de la Constitución «urgente, viable y deseable» para resolver el conflicto secesionista en Catalunya. El anuncio se enmarca en el nuevo clima que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere imprimir a las relaciones con la Generalitat catalana, cuyo presidente, Quim Torra, ha dado la «bienvenida» a la iniciativa de Batet. Las críticas no han tardado en llegar desde la oposición, PP y Ciudadanos, pero también desde las filas socialistas. Aquí han aparecido voces disonantes y escépticas, como la del exministro Juan Alberto Belloch.
Cambios imprescindibles.
La propuesta de la ministra Batet es, sin duda, la vía más sensata para resolver el conflicto catalán. El actual marco constitucional es insuficiente para encajar las aspiraciones de autogobierno de todo el entramado institucional de Catalunya y de buena parte de sus ciudadanos.#Es el análisis que el PP se ha negado a asumir estos años. La cuestión de fondo es establecer los límites de los cambios que precisa la Constitución de 1978. Es un aspecto fundamental y sobre el que es preciso fundamentar un consenso ahora inexistente. Torra, por ejemplo, pone el punto de partida en la declaración de independencia.
Una cuestión delicada.
No cabe duda de que el presidente Sánchez quiere abordar el proceso soberanista de Catalunya desde una óptica política. El anuncio de un próximo encuentro con el presidente Torra es buena prueba de ello. Sin embargo, esta estrategia requiere de enormes dosis de prudencia y complicidad, que peligran con declaraciones como las realizadas por Batet. La reforma constitucional es una cuestión demasiado delicada –y más en el contexto actual– y merece un tratamiento alejado de la precipitación o del impacto mediático. Este es, sin duda, el principal reto del nuevo Gobierno que pondrá a prueba su valentía y determinación.