A nadie se le oculta que el proceso secesionista de Catalunya es, en estos momentos, el problema más grave que tiene el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez sobre la mesa. En este contexto resulta relevante el auto dictado ayer por el juez Pablo Llarena, instructor de la causa en el Tribunal Supremo, en el que advierte que la responsabilidad del traslado de los políticos encarcelados de manera preventiva en centros de Madrid corresponde a Instituciones Penintenciarias, organismo dependiente del Ministerio del Interior, del que es nuevo titular Fernando Grande-Marlaska. Se abre, por tanto, una vía política para rebajar la tensión mediante un simple gesto, una oportunidad que el Gobierno no debería desaprovechar.
Escenificar un nuevo tiempo.
El juez Llarena podría concluir sus diligencias el próximo día 26 y abrir el período de juicio oral a los encausados. Así, la posibilidad de trasladar a los políticos que ahora están presos en penales madrileños hasta cárceles catalanas contribuiría a quitar dramatismo al discurso de los independentistas. Por el contrario, mantener a presos preventivos a centenares de kilómetros de sus familiares sin ninguna razón de peso es ahora difícilmente justificable, y menos cuando se habrán ultimado las diligencias judiciales.
Compleja libertad provisional.
El secretario general de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, ha reiterado su apoyo a la salida de la cárcel de Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa, además de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Hasta ahora, el juez Llarena ha rechazado todas las peticiones en este sentido por entender que se mantiene el riesgo de reiteración delictiva y fuga. En este terreno el margen del Gobierno socialista que preside Sánchez es casi inexistente, pues la competencia para decidir sobre la libertad o la prisión es exclusiva del juez. Mientras, el Gobierno debe ser hábil jugando sus bazas para lograr solucionar el conflicto catalán.