Las cifras son más que elocuentes. La Direcció General de Ports sólo ha incoado 60 expedientes sancionadores por el alquiler ilegal de embarcaciones de recreo, una práctica que se estima en miles el número de usuarios en Balears. Como primera medida, se pretende endurecer, por parte de la Administración autonómica, el régimen sancionador a los infractores. El efecto disuasorio de las multas, en estos casos, irá parejo a la capacidad de incrementar el control sobre esta actividad que tiene dos vertientes que atender: el fraude fiscal y la seguridad. Este es el primer punto que se debe resolver a la hora de abordar, con profundidad, este grave problema que se reproduce cada año en Balears.
Evitar el fraude. Al igual que ocurre con el alquiler turístico de inmuebles, el chárter náutico también florece al amparo de una manifiesta opacidad fiscal. Sin embargo, en esta actividad resulta obvio que no hay amparo legal posible, como puede ocurrir en tierra con la Ley de Arrendamientos Urbanos. En el alquiler de embarcaciones se trata de un claro comercio que debe liquidar sus correspondientes tributos. El fraude actual alcanza con seguridad decenas de millones de euros, que se escapan de cualquier tipo de control, tanto de la Administración central como de la autonómica. En este sentido, resulta claro que son los ciudadanos en general quienes salen perjudicados.
Control y seguridad. La proliferación de estos alquileres irregulares de embarcaciones supone, en muchos casos, que se sale a navegar sin la certeza de que se cumplen todas las medidas de seguridad. Tampoco hay validación segura de la titulación precisa de los patrones y su tripulación. No pueden considerarse aspectos menores. La intervención no debería producirse como consecuencia de una desgracia o situación de peligro. Incrementar el control permitirá conseguir el resto de los objetivos aunque es preciso exigir los medios adecuados.