La ley de residuos presentada por el Govern y que ya se tramita en el Parlament balear ha generado un auténtico alud de alegaciones en contra. Buena parte del sector de la alimentación y bebidas –aunque también con excepciones importantes– cargan contra este proyecto legislativo por considerar que vulnera normas estatales y europeas, básicamente en lo que hace referencia a la unidad de mercado.
El argumento central de la potente Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas va en este sentido, circunstancia que da cuenta de la importancia que se le da a una ley que, de aprobarse, será pionera en el Estado.
Una propuesta arriesgada
Desde el primer momento, el Govern era consciente de que la ley de residuos provocaría controversia, jurídica y social. Suprimir los productos plásticos, favorecer el reciclaje, introducir criterios ecológicos en los envases, acotar los elementos de un solo uso... supone un cambio radical de conceptos en un sector que trabaja con unos ajustadísimos márgenes comerciales y con producciones, en muchos casos, de ámbito continental o mundial.
Las condiciones que se pretenden imponer sólo en el mercado balear suponen un desajuste inasumible para las empresas en estos momentos. El impacto sobre la economía insular será brutal y no parece calculado.
Prioridades irrenunciables
Detener la generación de residuos es ya un objetivo medioambiental asumido por el conjunto de las sociedades occidentales. La cuestión es que el tránsito a una nueva normativa se realice con la máximas garantías jurídicas para todos los grupos implicados: productores, distribuidores y consumidores.
El contenido de las alegaciones contra la ley balear son, sin duda, de calado y deberán ser estudiadas con detenimiento. Violentar el principio de la unidad de mercado como principal reproche al texto en trámite no es una cuestión anecdótica.