Desde el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) se constata el aumento sostenido de los precios del alquiler en Balears. En un solo año el repunte ha sido del 12,5 por ciento, y eso que desde el Govern se ha endurecido la normativa relativa a la oferta del alquiler turístico o vacacional, el fenómeno al que se le atribuía la distorsión del mercado. Los expertos se muestran escépticos respecto a la razones de la escalada de las rentas, que ahora ya es muy común que rebasen los 1.000 euros mensuales; una cifra que deja al margen a buena parte de los hipotéticos clientes, incluso de los que tienen un trabajo estable.
Una cuestión de mercado.
Focalizar en el alquiler vacacional la raíz de la subida de los precios del alquiler residencial ha sido una argumentación constante, la base que justifica la ofensiva contra esta actividad que tuvo su origen en la llamada economía colaborativa. Todavía hoy no son pocos los expertos que culpan al alquiler turístico de hacer inalcanzable para los ciudadanos una vivienda digna, a tenor de los API el problema sigue tan vigente al margen de las normas aprobadas. Muchos propietarios desconfían del poder controlador y sancionador de la Administración y mantienen su oferta de alquiler turístico o, sencillamente, venden los inmuebles aprovechando el aumento de precios.
Oferta pública escasa.
El Govern, la Administración, tiene en su mano corregir la dinámica actual de hiperinflación en el mercado de las viviendas de alquiler. Lo puede hacer ofreciendo vivienda pública a precios asequibles, pero no como gesto publicitario sino con un parque ajustado a la demanda. En una economía abierta como la nuestra, el juego entra la demanda y la oferta determina, al fin y a la postre, el precio de los alquileres residenciales. El problema no se resuelve con mero voluntarismo, es cuestión de actuar en la línea correcta.