La primera oleada de inspecciones del Govern en las viviendas de protección oficial ha detectado una importante bolsa de fraude, en la mitad de las actas de inspección se deja constancia de importantes irregularidades. No hay que olvidar que estos inmuebles han gozado de importantes ayudas públicas y están sometidas a importantes condicionantes sobre su uso; normas sobre las que durante décadas la Administración no ha ejercido ningún tipo de control.
Esta dejación de la responsabilidad sobre su propio parque de viviendas ha generado una dinámica que es preciso detener de inmediato, los pisos subvencionados o de precio tasado no deben acabar convirtiéndose en productos especulativos; la intervención de la Administración autonómica debe ser más extensa y contundente.
Sanciones ejemplares
Aunque con retraso, hay que celebrar que el Govern haya decidido acabar con unas prácticas ilegales e intervenga en la defensa de los intereses colectivos. Las viviendas de protección oficial han gozado o gozan de importantes ventajas fiscales, con alquileres intervenidos o previos de venta subvencionados.
En consecuencia estaban obligados sus inquilinos o propietarios a cumplir una serie de normas que las inspecciones revelan que se incumplen de manera generalizada. Pisos que han dejado de ser la residencia principal, destinados al alquiler turístico, vendidos a precio de mercado libre, ... son unos comportamientos fraudulentos que es preciso erradicar.
La futura ley
La futura ley de vivienda en la que trabaja el Govern puede incorporar herramientas que agilice el control administrativo sobre estas viviendas que disponen de algún tipo de ayuda pública, un nuevo marco que, y quizá esta sea la tarea más compleja, también debe ser asumido por los ciudadanos. Avanzar en esta línea es el modo de garantizar un trato equitativo para todos los ciudadanos.