El dato es tan real como preocupante: Balears es la comunidad con mayor subida de los precios de los alquileres en la última década. Ello significa que el arrendamiento de una vivienda en el Archipiélago se ha encarecido un 9% con respecto al año 2007, justo antes de que empezase la crisis económica. Desde entonces, y pese a la caída del sector inmobiliario, la situación no ha mejorado para los más desfavorecidos y los jóvenes. Estos segmentos fueron los que sufrieron con mayor intensidad la depresión. Muy a menudo se vieron forzados al paro. Ahora que vuelven o entran por primera vez en el mercado laboral, comprueban la imposibilidad de acceder al mercado inmobiliario porque no pueden pagar un alquiler con sus sueldos poscrisis.
Desprestigio para Balears.
Es un hecho que numerosos funcionarios y profesionales de la sanidad de origen peninsular, renuncian a acceder a plazas en las Illes ante el temor de la carestía o la imposibilidad de encontrar una vivienda digna. En paralelo, los inversores extranjeros se mueven con habilidad. Esa imagen no es buena porque en parte es sinónimo de desorganización social, de avance del alquiler turístico y de un mercado que campa a sus anchas sin que los poderes públicos, tan preocupados teóricamente en sus discursos por la insularidad, en la práctica no encuentran soluciones que al menos palíen el problema.
Medidas inteligentes.
Los poderes públicos han de ser capaces de articular ventajas que permitan a los propietarios arrendar a precios asequibles, sobre todo para los jóvenes, como podrían ser rebajas fiscales. Cuando un mercado tan importante como el inmobiliario se desarrolla fuera de control en lo referente a los alquileres, es preciso que haya acciones públicas que permitan, al menos, canalizar algunas medidas regulatorias, aunque sean parciales. La insularidad impone cargas. La respuesta ha de ser la sensibilidad pública y la capacidad de adoptar iniciativas inteligentes.