La memoria redactada por el Consell Econòmic i Social, entidad que preside el exconseller y catedrático Carles Manera, correspondiente al ejercicio de 2017, arroja un dato que merece ser ponderado. Según el estudio, los ciudadanos de Balears dedican los ingresos de poco más de seis meses a financiar el gasto público que generan las diferentes Administraciones en nuestro país. El Estado, la comunidad autónoma y los ayuntamientos gestionan los ingresos que reciben de los contribuyentes en forma de impuestos y tasas; al final, y ese el resultado final que aporta el CES, resulta que se destinan 192 días del año a soportar el peso financiero de la Administración. Sólo a partir de entonces es cuando puede hablarse de un rendimiento neto.
El lastre de las rentas altas.
Balears está especialmente castigada cuando se trata de realizar este tipo de estudios. La nuestra es una Comunidad Autónoma que, como consecuencia de su elevado nivel de renta, genera una importante contribución al Estado; circunstancia que no tiene su correspondiente contrapartida. Nuestras aportaciones se solidarizan con el pago de pensiones en otras autonomías mientras aquí nuestros jubilados tienen una de las rentas medias más bajas de España, un contrasentido que se agrava cuando, por ejemplo, en Andalucía se plantea la gratuidad de la enseñanza entre los 0 y 3 años mientras aquí, en las Islas, todavía hay centros escolares que tienen aulas prefabricadas.
Reequilibrio imprescindible.
El estudio del CES vuelve a poner negro sobre blanco la lamentable situación de las cuentas públicas de Balears, cuyo resumen no es otro que corregir el evidente desfase entre lo que se aporta frente a lo que se recibe cuando se habla de servicios públicos. Son incontables los ejemplos reales que alimentan esta algo más que sensación que tiene el contribuyente balear, una percepción que ninguna de las Administraciones implicadas tiene el más mínimo interés en corregir.