La que tenía que ser una medida a compensar los costes de la insularidad, el aumento hasta el 75 por ciento del descuento a los residentes en los billetes aéreos y marítimos con la Península, sigue siendo un caos en el que las compañías y el Ministerio de Fomento no logran arbitrar un método transparente para fijar el precio de los vuelos de entrada y salida de las Islas. Ayer, el conseller balear del ramo fijó en un 15 por ciento el aumento del importe de los viajes con cargo a los ciudadanos de las Islas; un modo de aumentar de manera forzada la subvención pública que reciben las aerolíneas.
Un trato discriminatorio.
Las denuncias ante la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia suponen un paso importante hacia la búsqueda de un pacto global entre el Gobierno y las compañías aéreas para acabar con una prácticas que perjudican, en la misma medida, las arcas públicas –al aumentar el importe de la subvención de Fomento– y el bolsillo de los viajeros –que soportan un aumento artificial del importe del billete–. Es preciso acabar con una dinámica endiablada que se se percibía cuando el descuento era del 50 % y que se ha acentuado al incrementarse hasta el 75 %. Hay que insistir en que más allá de las sanciones puntuales, lo importante es alcanzar un acuerdo global con las compañías que no perjudique a los residentes en las Islas mediante triquiñuelas que desvirtúan el concepto de la subvención.
El papel del Govern.
El propio Govern debería asumir un papel de liderazgo en el control del sistema actual de subvenciones, reclamando al Gobierno que se redoblen los esfuerzos de control sobre el comportamiento anómalo que puedan tener las compañías en sus políticas de precios. Los protocolos actuales reflejan un esquema a todas luces ineficiente, un motivo añadido para que desde Balears se aporten soluciones y dinámicas que ayuden a resolver el problema.